AIDGA Solicita que: Martínez de Hoz sea imputado y procesado por los delitos de genocidio y terrorismo de estado.

Señor Juez Federal Rafael Rafecas.
La Asociación por la Investigación de los desaparecidos gallegos quiere solicitarle que el ex Ministro de Economía de la argentina durante la dictadura del general Videla el señor Martínez de Hoz sea imputado y procesado por los delitos de genocidio y terrorismo de estado. Este Ministro fue el ideólogo político de los militares y el responsable de que se realizara el correspondiente genocidio con el objetivo de poder aplicar el plan económico neoliberal que significo la destrucción de la industria nacional y la privatización de las empresas estatales.
Por otro lado el mencionado Ministro es responsable directo del asesinato del ciudadano gallego Juan Carlos Casariego de Bel quien ejercía un alto cargo dentro de ese Ministerio.

Lois Pérez Leira
Presidente AIDGA

Semblanza de un gallego desaparecido durante la dictadura argentina
Juan Carlos Casariego de Bel
Juan Carlos Casariego de Bel nació el 5 de diciembre de 1922 en Ribadeo, provincia de Lugo. Era hijo de Antonio Casariego, oriundo de Tapia de Casariego, Asturias, y de María de Bel nacida en Agudelo, provincia de Lugo.
“Mi papá llegó a Argentina desde Galicia a los siete años con su madre y tres hermanos, su padre había muerto. Mi padre era el menor y como se acostumbraba en esa época, los hermanos mayores trabajaron y le dieron a él la oportunidad de estudiar y recibirse de abogado”, expresa María, su hija.
Juan Carlos se casó muy joven y de esa unión nacieron tres hijos. Años más tarde se separó de su primera esposa y en 1956 contrajo matrimonio en México –pues en Argentina no existía el divorcio- con Alicia de Gainza, con quien tuvo una hija, María, que vino al mundo en 1958.
Al principio vivieron en Capital Federal, luego se mudaron al Partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. En 1963 Juan Carlos sufrió un ataque de hipertensión arterial muy grave y permaneció dos años sin trabajar. “Se recuperó porque era muy joven, tenía 40 años”, señala María.
A causa de su enfermedad decidieron mudarse a la ciudad de Buenos Aires. Se instalaron en la calle Aráoz 2916, domicilio en el que vivía cuando desapareció.
Su hija cuenta una anécdota que define el carácter gallego de Juan Carlos. “Un día cuando era pequeña me contó que la Isla de Pascua pertenecía a Chile y que una escultura que había en nuestra casa provenía de ese lugar –papá había viajado allí cuando era joven-. Luego me preguntó: ´¿dónde está la Isla de Pascua? Y yo le contesté: ´no sé´. Él se puso serio y me dijo: ´es muy grave no escuchar a alguien cuando te habla´ y estuvo una semana sin dirigirme la palabra. Así como era extremadamente afectuoso conmigo también podía tener estas reacciones”.
La implementación de un modelo económico que provocó un fuerte retroceso del país
Aunque inauguró un largo periodo de atraso para Argentina, el programa económico del gobierno militar anunciado por Martínez de Hoz tuvo un amplio respaldo de las organizaciones internacionales y de las cámaras empresarias del país. Tan solo tres días después del golpe el FMI aprobó un demorado crédito por más de 100 millones de dólares para ´estabilizar´ la situación cambiaria que venía decayendo por la fuga de capitales, preparatoria del golpe. Un mes después, un grupo de bancos otorgó al gobierno de facto un préstamo de 300 millones de dólares, más 350 millones en renovación de vencimientos del sector público. En agosto del mismo año, el FMI aprobó otro crédito por 260 millones de dólares, “el mayor acordado hasta ese momento a un país latinoamericano”, según consta en la Memoria del Banco Central de 1976. A mediados de septiembre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un préstamo de 750 millones de dólares como parte de un paquete de 2.500 millones de dólares.
Por su parte, las cámaras empresarias, con excepción de la intervenida Confederación General Económica (CGE) y la Confederación Industrial Argentina, respaldaron a la nueva conducción económica. Un mes antes del golpe casi todas las representaciones empresarias se habían agrupado en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) que impulsaron y ejecutaron el 16 de febrero un paro empresario.
Esa fue la prueba que necesitaban los militares para saber que no estaban solos. Las primeras medidas de Martínez de Hoz fueron contundentes: congelamiento de salarios por tres meses, devaluación del peso y eliminación de los controles de precios, que se complementaron con la disolución de la Confederación General del Trabajo (CGT), la supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga, que resultaron en una caída del salario real del 30%.
Martínez de Hoz puso en marcha una reforma financiera con la liberalización de las tasas de interés que rondaba el 150 % anual con una garantía del Estado sobre los depósitos. Esa reforma impulsó la especulación. Se duplicó el numero de bancos, que pasaron a competir sobre la base de un respaldo ficticio por quién ofrecía la mayor tasa de interés. Se impulsó la entrada de capitales especulativos de corto plazo que obtenían una amplia ganancia en dólares. Esto estaba reforzado porque el endeudamiento con el exterior se hizo a través de las empresas públicas, que pasaron a ser fuertes demandantes del crédito bancario, aumentando la tasa de interés en forma exorbitada. Entre 1975 y 1982 la deuda externa aumentó de 8.000 millones a 43.000 millones de dólares. En 1982 Domingo Cavallo al frente del Banco Central transfirió deudas de empresas por 15.000 millones de dólares en lo que se conoció como la estatización de la deuda privada.
Juan Carlos atrapado por negarse a firmar negociados del Ministerio de Economía que perjudicaban al país.
Juan Carlos llevaba más de 30 años trabajando en la administración pública nacional, primero en la Dirección General Impositiva y luego en el Ministerio de Economía, además de dedicarse a su profesión de abogado.
Cuando se produce el golpe de Estado de marzo de 1976 se desempeñaba como director de Inversiones Extranjeras en el Ministerio mientras José Alfredo Martínez de Hoz era ministro de Economía y Guillermo Walter Klein su secretario.
“Luego de la implantación de la dictadura, comenzaron a atacar a mi padre desde diferentes flancos porque él se oponía a firmar varios negocios sucios que perjudicaban al país a favor del establishment económico de la época. Lo que más disgustó a sus superiores fue su negativa a firmar la compra de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE)- encargada de proporcionar electricidad a Capital Federal y el Gran Buenos Aires- a la Multinacional Suiza Motor Columbus, de la que hasta entonces había sido director el ministro Martínez de Hoz”, recuerda María.
En este caso, el presidente de facto Jorge Rafael Videla y Martínez de Hoz dispusieron comprar en 394. 500 millones de dólares la compañía Ítalo-Argentina cuando en realidad el precio que debió haberse pagado era muy inferior pues era una empresa obsoleta y endeudada, según se determinó posteriormente. Esta transacción se convirtió en escándalo para Martínez de Hoz. La correspondencia privada del por entonces embajador argentino en Suiza, Luis María de Pablo Pardo, reveló la existencia de una negociación secreta para lograr que el gobierno pagara un buen precio por la compañía eléctrica.
“Papá no estaba de acuerdo con el vaciamiento que se estaba haciendo del país y no lo ocultaba, él era muy inteligente, sabía que resultaba peligroso negarse a firmar contratos que implicaban intereses de gente muy poderosa. Tenía ideas socialistas y aunque no participaba en ningún partido político, era muy jugado ideológicamente”, reconoce María.
La lucha por salvarlo
Juan Carlos desapareció el 15 de junio de 1977. “Ese día mi padre nos llamó para decirnos que iba a llegar más tarde a casa porque tenía una reunión en el despacho de Guillermo Walter Klein a las 20:30 pero nunca más lo volvimos a ver. A la mañana siguiente recibimos una llamada telefónica en la que nos pedían un rescate de 50.000 dólares para hacernos creer que era un secuestro extorsivo. Mamá solicitó una prueba de vida para asegurarse que estaba vivo y empezó una semana de negociaciones, primero pidieron que yo, que tenía 17 años, fuera sola a un bar ubicado en Quintana y Libertad de la Capital Federal para buscar la prueba de vida. Me dijeron que debía entrar al baño, desarmar la llave de luz y allí encontraría un papelito con un mensaje suyo, pasé momentos terribles pero no encontré nada. Cuando regresé a casa volvió a sonar el teléfono y esta vez dijeron que hice todo bien pues fui sola y no había avisado a la policía. Luego me pidieron que volviera al mismo bar y desarmara el botón del inodoro; lo hice y encontré una medallita que papá llevaba colgada en el llavero y la página de un diario del día con anotaciones suyas. Al mismo tiempo se realizó una colecta entre los amigos pero no llegábamos a la cifra que exigían, mi madre siguió pidiendo pruebas de vida. La última cita fue en la estación de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde encontré un recorte en la llave de luz del baño; cuando vi la letra de mi padre me angustié mucho porque me di cuenta que estaba destruido: papá era hipertenso grave y hacía varios días que no tomaba la medicación. Después de ese día no recibimos más llamadas telefónicas ni supimos nada de él”, rememora angustiada.
A partir de ese momento María acompañó a su mamá Alicia a innumerables dependencias policiales, militares y judiciales, incluso llegaron a entrevistarse con el general Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante en jefe del Primer Cuerpo de Ejército. “Entramos a su oficina y nos estremecimos porque mientras hablaba con nosotras tenía entre sus dedos una enorme araña de goma, que movía de un lado al otro. En esa oportunidad nos dijo que no sabía nada y luego nos enteramos que mi padre había estado en el centro ilegal de detención que él comandaba. Presentamos varios hábeas corpus y no tuvimos ningún resultado, además los diarios no nos publicaban ninguna información sobre el caso. Logramos, a través de conexiones de mi madre, que el diario La Prensa publicara el hábeas corpus, aunque no la noticia del secuestro porque lo tenía prohibido. En otros medios nos dijeron que éste era uno de los 21 temas que no se podían publicar, esa es una de las pruebas que tengo de que su desaparición no fue ajena a su trabajo”, explica. Y continúa: “Además siempre nos llamó la atención que sus jefes inmediatos, Walter Klein y Alfredo Martínez de Hoz, no hiciesen ninguna gestión o denuncia ante la desaparición de un funcionario de carrera y colaborador como mi padre”.
Existen otros casos de secuestros y muertes relacionados con la compra de la Ítalo-Argentina durante ese período. En 1985, Carlos Alberto Alvarado, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía mientras se negociaba el asunto Ítalo, declaró bajo juramento ante la comisión que investigó el caso que Aurelio Cid, subsecretario de Klein, fue secuestrado y permaneció un año preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y Miguel Padilla, que lo sucedió en el cargo, fue asesinado. Ambos casos, sin aclarar aún, permiten inferir que Martínez de Hoz no era ajeno a los hechos y que la oscura negociación del caso Ítalo sólo podía hacerse al margen de la ley.
Treinta años después
Las secuelas de la economía de la dictadura siguen marcando la vida de millones de argentinos. La deuda externa, que se quintuplicó en aquel período se fue potenciando hasta estallar en diciembre de 2001. La inflación continuó en niveles elevados y no pudo ser dominada. Los niveles salariales, que 1976 se redujeron en un 30%, siguieron cayendo y la distribución del ingreso se hizo cada vez más regresiva: de participar en casi un 50% del Producto Bruto Interno, ahora los trabajadores no alcanzan el 30%.
El 18 de julio de 2006, la Federación de Sociedades Gallegas de Argentina, acompañada de la Confederación Intersindical Gallega presentó una querella ante el Juzgado Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires a cargo del juez Daniel Rafecas para imputar a civiles y militares por la desaparición de doce ciudadanos gallegos en el marco de la causa en la que se investigan los secuestros producidos dentro del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura que asoló al país desde 1976 a 1983. Entre las víctimas se encuentra Juan Carlos Casariego de Bel.
En tanto, el 8 de septiembre de 2006 María Casariego se presentó como querellante ante el mismo Juzgado para involucrar a civiles y militares y especialmente a José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Walter Klein por la desaparición de su padre Juan Carlos Casariego. La presentación se realizó tres días después de que el juez federal Norberto Oyarbide anulara y declarara inconstitucionales los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem en 1990 al presidente del gobierno de facto Jorge Rafael Videla, a Martínez de Hoz y al ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim en 1976.
Síntesis biográfica de Juan Carlos Casariego de Bel (para exposición fotográfica)
Nació el 5 de diciembre de 1922 en Ribadeo, provincia de Lugo. Hijo de Antonio Casariego, oriundo de Tapia de Casariego, Asturias, y María de Bel, nacida en Agudelo, provincia de Lugo. Llegó a Argentina a la edad de siete años acompañado de su madre y tres hermanos. Su padre había fallecido. Se recibió de abogado y se desempeñó durante más de 30 años en la función pública nacional, primero en la Dirección General Impositiva y luego en el Ministerio de Economía, como director de Inversiones Extranjeras, cuando José Alfredo Martínez de Hoz ocupaba el cargo de ministro y Guillermo Walter Klein era su secretario Fue secuestrado el 15 de junio de 1977 luego de una reunión con Guillermo Walter Klein. Pese a las incansables gestiones realizadas por su familia, nunca se conoció su paradero. El 18 de julio de 2006 la Federación de Sociedades Gallegas acompañada de la Confederación Intersindical Gallega presentó una querella en el Juzgado Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires por la desaparición de 12 ciudadanos gallegos dentro del área del I Cuerpo de Ejército, entre los cuales se encuentra Juan Carlos Casariego de Bel. El 8 de septiembre de 2006, María Casariego realizó una presentación ante el mismo Juzgado para imputar a Martínez de Hoz y Klein por la desaparición de su padre Juan Carlos Casariego, luego de que fueran anulados los indultos otorgados por Carlos Menem al ex ministro de Economía, a Jorge Rafael Videla y al ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy.
Ficha desaparecido
Apellidos y nombre: Casariego de Bel, Juan Carlos
Fecha de nacimiento: 05-12-22
Cédula de Identidad: 2.059.568
Libreta de Enrolamiento: 4.211.006
Lugar: Ribadeo, provincia de Lugo (Galicia)
Madre: De Bel, María (gallega)
Padre: Casariego, Antonio (asturiano)
Abuela Materna:
Abuelo Paterno:
Abuela Paterna:
Abuelo Paterno:
Nombre de la esposa: De Gainza Blanco, Alicia (casado en segundas nupcias).
Hijos: María Casariego de Gainza (segundo matrimonio) y tres hijos (primer matrimonio).
Hermanos: Nicasio Raúl, Ana y Antonio.
Concurrió a la Escuela Primaria:
Concurrió a la Escuela Secundaria:
Concurrió a la Facultad: Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (se recibió de abogado).
Último Lugar de Trabajo: Ministerio de Economía de la Nación.
Fecha y lugar de su detención y desaparición: 15-07-77
Otros datos biográficos:
Observaciones: El 31 de marzo de 1997 Alicia de Gainza prestó testimonio ante el cónsul general de España por la desaparición de su esposo, Juan Carlos Casariego, para incorporar su declaración a la causa que se instruye ante el Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional (Madrid) en la investigación de los graves crímenes perpetrados en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983) en el que resultaron víctimas personas de nacionalidad española (su declaración y la documentación aportada obra a fojas 3.342 a 3.372). El 18 de julio de 2006 la Federación de Sociedades Gallegas acompañada de la Confederación Intersindical Gallega presentó una querella ante el Juzgado Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires para imputar a civiles y militares por la desaparición de doce ciudadanos gallegos dentro del área del I Cuerpo de Ejército, entre los cuales está Juan Carlos Casariego. El 8 de septiembre de 2006 María Casariego realizó una presentación ante el mismo Juzgado para imputar a Martínez de Hoz y Klein por la desaparición de su padre Juan Carlos Casariego, días después de que se anularan los indultos concedidos por Carlos Menem a Martínez de Hoz, a Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy.
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